En los últimos días estamos asistiendo a una oferta descontrolada de servicios personales que generan muchas dudas y que no garantizan los controles que se suponen deben tener los espacios que atienden a los niños.

No son servicios educativos, son servicios domésticos. Particulares que se ofrecen, empresas o agencias de colocación. Servicios que no ofrecen una claridad en materia laboral, fiscal y, sobre todo, de garantías sanitarias.

¿Tendrán los padres que arriesgarse a hacer uso de esta oferta irregular? ¿Piensan las administraciones hacer algo para evitar esto?