Escrito remitido a FACUA desde FENACEIN

Les escribimos desde la Federación Nacional de Centros Infantiles (FENACEIN). Agrupamos a diferentes Asociaciones Empresariales de Escuelas Infantiles privadas que atienden a niños de primer ciclo de cero a tres años.

Desde que comenzó la situación de suspensión de asistencia a los centros escolares, entre el 10 y 14 marzo según las comunidades, hemos venido escuchando una serie de declaraciones de políticos y organizaciones que no responden a la realidad. Suponemos que estas declaraciones se han hecho desde la ignorancia y, aunque no haya existido intención de perjudicar, han dañado al sector de la Educación infantil. Y lo han hecho, no sólo en el aspecto económico, sino que han repercutido en la imagen de las pequeñas empresas que trabajan en el sector.

Las declaraciones del vicepresidente de su organización, Rubén Sanchez, a TVE y otros medios donde, a pesar de hablar de cursos escolares, utiliza el termino guardería. No sabemos que entiende por guardería, pero si habla de curso escolar debería hablar de Escuelas infantiles, es decir, enseñanzas regladas contempladas en la Ley de Educación.

Entendemos, y así lo están haciendo los centros, que hay servicios anexos a la educación y al curso escolar que no deben tener el mismo trato, al ser servicios facilitadores del objeto de la existencia de la Escuela: la enseñanza. Tal es el caso de las actividades extraescolares, comedor, etc. Este tipo de servicios no se pagan si no se prestan. En cambio, las enseñanzas se desarrollan a lo largo de un curso escolar con una planificación y unos objetivos a conseguir, reflejados en los requisitos que establecen las diferentes Consejerías de Educación.

Por otra parte, se están olvidando que hay un compromiso o contrato con los padres. Unas normas que conocen desde el principio de curso. Por supuesto, que los padres pueden extinguir, siguiendo las normas del centro, el contrato y con la misma quedar exonerados de sus obligaciones a la vez que, también, pierden todos los derechos que tuvieran adquiridos. Evidentemente no se va a dejar a ningún niño sin plaza porque sí, pero si se ha extinguido el contrato no se puede entender por qué el padre puede verse liberado del compromiso y el centro tenga que continuar con sus obligaciones.

Les ruego que cuando quieran referirse a nosotros, nos denominen escuelas infantiles ya que si hablan de guarderías y curso escolar se están refiriendo a establecimientos ilegales y quizás sus esfuerzos, como organización que defiende los derechos de los consumidores, deberían dirigirlos a denunciar esa irregularidad e invitar a los usuarios de los mismos a no asistir a ellos y no pagar por algo que no cumple con la ley.

Les adjuntamos la respuesta que nos dio el ministro de consumo, al que agradecemos su rectificación, al escrito que le presentamos. En el mismo pueden comprobar, claramente, que nuestras escuelas están excluidas del ámbito de aplicación del art. 36 del Real Decreto-ley 11/2020. Por lo que no podemos ser considerados una actividad de tracto sucesivo como un gimnasio.

Les agradeceríamos que analizaran nuestro escrito, el del ministro y reflexionaran sobre el daño irreparable que nos han causado que, volvemos a insistir que no ha sido solo económico sino de la imagen que han transmitido de nosotros. No somos gimnasios ni guarderías, somo educación infantil reglada, sometida a todo tipo de normativas: educativas, higiénico sanitarias, consumo, laboral, fiscal, …..

Por este motivo les solicitamos, cuanto antes, una aclaración y rectificación pública en relación con las declaraciones que han venido pronunciando. Creo que esto permitirá dejar claro quiénes somos cada uno y conseguir un resultado que, estamos convencidos, beneficiará a nuestros centros y a su organización.