Las guarderías, en alerta ante el plan del Gobierno de fomentar sólo plazas públicas

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El sector privado defiende que garantizar únicamente puestos de la red a cualquier familia «causaría un daño tremendo» y destruiría «miles de empleos»

JOAQUÍN BATISTA Las Provincias

lunes 17/02/20


El sector privado de la educación Infantil, mayoritario en la Comunitat, no sólo debe afrontar retrasos en el pago de las ayudas públicas o la competencia desleal de centros no autorizados. También está obligado a tener un ojo puesto en las políticas educativas, vigilancia que se ha extremado ante los anuncios que llegan desde el Gobierno. Y es que el acuerdo de investidura entre el PSOE y Podemos incluye una declaración de intenciones que causa, cuanto menos, incertidumbre: garantizar que cualquier familia pueda acceder a una plaza pública en el segundo ciclo de Infantil, es decir, para niños de entre 0 y 3 años.

Aunque el diagnóstico de partida es compartido -la escolarización temprana previene el fracaso y ayuda a la conciliación-, se difiere en los medios. Una discrepancia que comparten las tres organizaciones más representativas de la Comunitat, que defienden la necesidad de que se cuente con los centros privados existentes para alcanzar el objetivo.

«No sabemos muy bien a qué se refieren o qué quieren decir. ¿Crear una red paralela aumentando el gasto público, crear a partir de destruir a otro sector?», se pregunta la secretaria de Salvem 0-3, María José González Mayo, que también recuerda que «la estructura ya existe». Se refiere a que hay oferta suficiente, de diferentes titularidades, para cubrir cualquier demanda de escolarización, y más en un contexto de caída de la natalidad.

Además, defiende que la ley educativa recoge que la programación de la enseñanza considerada gratuita debe tener en cuenta la oferta existente y atenerse criterios de eficiencia, y recuerda que el sector privado presta un servicio público. «Una red adicional que no nos tuviera en cuenta sería presupuestariamente inasumible y causaría un daño tremendo al sector, destruyendo miles de empleos», sentencia.

De momento, a través de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein), en la que se integra la asociación, se ha pedido una reunión con la ministra Celaá y se quiere participar en la comisión del Congreso que debe avanzar hacia un modelo de gratuidad en la etapa.

Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), destaca que alcanzar la gratuidad en el tramo de entre 0 y 3 años «es una iniciativa bienvenida» siempre que esté precedida «de un análisis del mapa escolar, contando con los centros ya existentes». «No puede ser que una escuela infantil autorizada, que cumple una normativa muy exigente y que ha precisado de inversiones altas quede fuera de juego. Es una aberración dejar morir a un sector que presta un servicio de calidad y con la cantidad de trabajos que genera», razona, antes de ejemplificar su tesis: «Si en un barrio ya existen dos privadas y una municipal, que se sirvan de ellas en lugar de promover otra más», dice.

Juan Santiago, presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), también se muestra partidario de la extensión de la gratuidad, pero mantiene la misma línea: «teniendo en cuenta a la red de centros privados». A su juicio habría que hacerlo «mediante fórmulas de financiación directa a las familias como el cheque escolar, la desgravación fiscal o un sistema que combine ambas».

Si no se sigue este camino, añade, «este sector corre grave riesgo de desaparecer». Por último, alude a que se perdería la libertad de elección de centro y a que para el Estado supondría un gasto añadido de más de 1.100 millones de euros al año, «que es lo que le costaría escolarizar en centros públicos a los niños que hoy se educan en la red privada».

Apenas uno de cada diez municipios valencianos dispone de aulas gratuitas para todas las edades

La comisión creada para avanzar hacia un modelo de gratuidad para el primer ciclo de Infantil fijará el camino a seguir al Gobierno, aunque el acuerdo entre los partidos es taxativo: la oferta extendida será pública. Ni en la Comunitat, donde la gratuidad ha crecido hasta superar los 15.000 puestos en aulas de dos años se llega a tanto. De hecho, el objetivo de la legislatura ya no se centra en la titularidad pública: se pretende que cualquier plaza privada para este tramo sea gratuita. 

Trasladar el tenor literal del acuerdo entre el PSOE y Podemos a la Comunitat implicaría un esfuerzo económico enorme, teniendo en cuenta que en la actualidad sólo 36 de los 299 municipios con escuelas infantiles tienen centros donde los tres niveles del primer ciclo (de cero a tres años) son gratuitos. Es decir, uno de cada diez. Y en la mayoría de los casos no cubren la demanda existente, que acaba en centros privados donde sí se paga, como pasa en Valencia. 

Se trata de escuelas de la Generalitat, distintas a las municipales. En estas, aunque los puestos de dos años tampoco tienen coste, sí se paga una cuota para los de cero y un año. El Gobierno podría servirse de esta red para cumplir el acuerdo pero tendría que ampliar la cobertura en 247 centros y crear muchas más infraestructuras, por ejemplo en los 36 municipios donde sólo hay oferta privada.

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